Imaginarse que cuarenta millones de personas discutiesen algo de manera asamblearia sería complicado. Por eso la concertación social, que afecta a todo el mundo, debe hacerse mediante la interlocución de representantes de cada una de las partes que se consideran en litigio. Así, el gobierno como representación del pueblo en general arbitra las negociaciones entre una parte social, que representa a los trabajadores y las trabajadoras, y una parte empresarial, que representa al empresariado obviamente.
Para que el resultado de eso sea más o menos aceptable, desde mi punto de vista, es condición indispensable que quienes actúen en la interlocución ostenten la legitimidad necesaria para representar a quienes se supone que lo hacen. En la misma línea de razonamiento, considero que existen tres tipos de legitimidad: la legal, la democrática y la moral. Si alguien carece de cualquiera de las tres, deja de ser una persona válida para representar a nadie.
Pues bien, la legitimidad del gobierno en los tres ámbitos es casi como el valor en el ejército: que se le supone. En los otros dos casos, seguramente, daría mucho que discutir. Legalmente no, evidentemente, puesto que las personas que se sientan en la mesa del diálogo están perfectamente dotadas de legalidad.
En cuanto a las otras dos, por parte de los sindicatos habría quien dudaría que tuviesen una legitimidad democrática suficiente si tenemos en cuenta cómo funciona lo de las elecciones sindicales, lo poco que tiene que ver muchas veces votar a un delegado o delegada en una empresa y estar diciendo que Toxo o Méndez nos parecen válidos y la participación que se da en ellas. Pero vaya, tampoco es tan diferente de lo que pasa con las legislativas, por ejemplo.
Por lo que respecta al empresariado, yo dudo más de su legitimidad democrática. Nadie hace elecciones entre empresarios y empresarias si no es que forman parte de un club al que no sabemos quién pertenece y quién no. Es como si los sindicatos no necesitasen ganar elecciones en las empresas para ganarse esa representatividad, sinó que fuese exclusivamente el hecho de tener afiliación lo que se la diese, cuando nadie puede verificar quién está afiliado y quién no.
Pero, ¿y la legitimidad moral? Quien quiera, que me dé argumentos para discutir la legitimidad moral de la representación social. Yo quien creo que está clarísimo que no la tiene es un empresario como Díaz Ferrán que no para de demostrar cómo le importa un carajo lo que sea de sus empresas y su personal mientras él saque una buena tajada. Creo, sinceramente, que no tiene la más mínima legitimidad moral para representar al empresariado a no ser que todo el empresariado de este país sea de la misma calaña y, si es así, tal vez sí que necesitaríamos una revolución bolchevique.
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