María Emilia Casas Baamonde es el nombre de la presidenta de ese Tribunal Constitucional que, en más de tres años, no ha sido capaz de pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Por si alguien ignoraba este dato, el otro día decidió salir a la palestra para defender, se supone, al órgano que preside argumentando que, si bien cabe la crítica razonable y razonada, no se debe tolerar la interesada e irracional y que el estado de derecho requiere el respeto hacia las instituciones que lo defienden.
Ignoro si existe lo razonable como concepto jurídico pero, desde mi punto de vista, criticar que no se haya sido capaz de cumplir con una misión (la única) que se tiene encomendad en más de tres años es sobradamente razonable. Creo también que la gran mayoría de las críticas que he oído al respecto lo son, no hacia un órgano, sinó hacia una composición que se ha demostrado ineficiente.
Afortunadamente, de ser inconstitucional alguno de los artículos del documento en cuestión, se ha demostrado en sus tres años largos de vida que lo será desde un aspecto conceptual, pero que no viola ningún derecho fundamental de la ciudadanía ni de Catalunya ni del resto del estado. De lo contrario, esa ineficiencia que ronda la inoperancia del tribunal constitucional estaría causando daños de difícil reparación que pondrían en duda el papel del órgano.
Me resulta curioso que cuando alguien se querella contra Garzón, a nadie se le ocurre decir que la Audiencia Nacional ha cometido algún tipo de falta por sus supuestas irregularidades. Por el contrario, cuando se critica al juez que instruye su caso o se pide que se renueve el Tribunal Constitucional, se defienden denunciando ataques hacia los pilares básicos de nuestra democracia.
Tal vez convenga, pues, recordar de vez en cuando los nombres y apellidos de quienes ostentan determinados cargos, ni que sea para permitirles lo mínimo posible que, a modo de camaleones, se mimeticen con el órgano al que pertenecen y se declaren especie protegida.
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