La hijab de la discordia

Una niña de Pozuelo de Alarcón ha tenido que cambiar de instituto por no renunciar a usar la Hijab. Creo que esta frase es el resumen de lo que ha acontecido. El análisis, seguramente, varía según quien lo haga.

Habrá quien defenderá que un padre, seguramente islamista radical, ha intentado imponernos, como tantas otras veces últimamente, una cultura que no nos es propia y que un instituto ha tenido que batallar contra viento y marea, a pesar de la campaña mediática de descrédito que se ha instrumentado desde algunos sectores izquierdistas, para defender a nuestros jóvenes de tal invasión cultural.

También habrá quien interpretará que el centro se ha limitado a aplicar su reglamento interno y que en un estado de derecho hay que respetar las normas, emanen de donde emanen y nos gusten o no.

Por último, alguien pensará que Pozuelo de Alarcón es un reducto de chenofobia y racismo que hace todo lo posible por oprimir a una pobre niña por el simple hecho de profesar otra religión.

Yo, lo que sé, es que una adolescente ha tenido que cambiar de instituto porque no ha renunciado a usar la Hijab y eso no es bueno.

No sé si el padre ha tenido nada que ver en el asunto, porque no ha trascendido. Si sé que las amigas de la chica se solidarizaron con ella, por lo que me extraña que lo estuviese viviendo como una imposición paterna. Me cuesta creer que un reglamento interno de instituto tenga como objetivo prohibir las gorras o las pamelas, así que me inclino a pensar que el objeto de una norma que prohibe llevar el pelo cubierto es marcadamente el de evitar un símbolo religioso que tendemos a considerar impuesto.

La verdad es que la mayoría de los ritos religiosos que se producen durante la infancia y la adolescencia son, de algún modo, impuestos. No se imponen por la fuerza, pero sí aprovechando la falta de edad y de elementos de juicio suficientes para tomar una decisión.

A mí nadie me preguntó si quería hacer la comunión y lucí durante bastante tiempo la correspondiente medallita y hasta un anillo. Nadie me obligó a hacerlo, pero sí se me impuso su uso culturalmente. Tal vez a la niña de Pozuelo le pase algo parecido, sólo que su hijab está prohibida y mi medallita no.

No sé, pero me pregunto si ese instituto no hará una excepción si un día alguien entre su alumnado sufre un cáncer cuyo tratamiento le deje sin cabellera. No sé si alguna vez tendrán un director calvo que desee lucir peluca (que también cubre la cabeza, ¿no?). Tal vez entonces esa norma se revisará y quizás, igual que ahora, el instituto de al lado correrá también a revisarla.

¿Qué hay detrás del caso Vic?

Parece ser que el alcalde de Vic (precioso municipio al que le tengo un aprecio especial por motivos personales) ha decidido acatar sin compartir el informe de la abogacía del estado sobre la obligación de los municipios de empadronar inmigrantes en situación irregular. En consecuencia, alguien podría pensar que el tema está zanjado y que, además, ha resultado un duro revés a un arrebato chenófobo. Yo , por mi parte, creo que existen matices.

En primer lugar, los de carácter ideológico. Cuando oí las declaraciones del representante de Plataforma Per Catalunya argumentado que "no todos los inmigrantes son delincuentes, pero la mayoría de delincuentes son inmigrantes", me vino a la mente lo que debían ir diciendo por ahí los seguidores más moderados del partido nacionalsocialista alemán en sus tiempos gloriosos. Son aquellos comentarios que van calando entre la población, que se suman a los cochecitos de bebé que, aunque nadie ha visto, todo el mundo sabe que se les paga a los inmigrantes y que acaban convirtiendo el recelo hacia el inmigrante en una cuestión de sentido común.

De hecho, una medida como la propuesta en Vic habría servido, indudablemente, para confirmar la teoría expuesta. Si se excluye a todos los inmigrantes del padrón y, en consecuencia, del derecho a prestaciones sociales y sanitarias, la única alternativa que les queda es la de sumergirse en la ilegalidad manifiesta y, consecuentemente, al borde del delito si no en él directamente.

Lo que aún no he conseguido interpretar es el mensaje del propio alcalde cuando manifiesta que considera que la medida de no empadronar a los inmigrantes es una medida integradora. A no ser que se refiera a integrar en el sentido matemático del término y, por tanto, en invertir una función, lo que podría acabar devolviendo a la persona inmigrante a su país de origen, no se me ocurre qué puede aportar dicha medida. En cualquier caso, si alguien considera que se ha ganado una batalla a los chenófobos se equivoca y lo demuestra, entre otros, la creación de grupos de Facebook en apoyo al mencionado alcalde.

Pero existe otro matiz muy diferente, uno de carácter práctico. Las administraciones general y autonómica no dudan, con buen criterio, en transferir a las locales gran parte de sus competencias, puesto que su posición más cercana a la ciudadanía facilita su ejercicio. Lo que pasa es que dicha transferencia, en muchas ocasiones, no viene acompañada de la transferencia económica suficiente. De hecho, desde que se anunció la tan sonada crisis, las transferencias de la administración general del estado se han ido reduciendo progresivamente en cada ejercicio.

Ante esta situación, la administración local que batalla a diario con las personas, se encuentra atada de pies y manos y tiene que improvisar medidas que le permitan optimizar los recursos. En esta situación, teniendo en cuenta que al perfil mayoritario de usuario de servicios sociales extranjero se le está sumando cada vez más el nacional y que los cochecitos de bebé siguen rondando el imaginario de los administrados, la tentación de excluir a los inmigrantes de dicha posibilidad es grande.

No quiero, ni mucho menos, justificar a ningún alcalde o alcaldesa que tenga la tentación de negar los más básicos derechos a alguien por su origen, pero pretendo poner de manifiesto que una de las grandes asignaturas pendiente en este estado es la de la financiación de las administraciones públicas. Con el control necesario, sin duda, pero financiación suficiente para que nuestra administración más próxima pueda responder a nuestras necesidades de la manera más apropiada.