Lo bueno y lo malo del bono

A mí no me parece tan mala idea eso de que la Generalitat emita bonos para tener liquidez. En un momento en que la actividad económica es casi nula en gran parte por problemas de financiación, la administración piden a los particulares que parte del dinero que algunos de ellos puedan tener ahorrado en entidades financieras lo inviertan en lo público. Con ello, ese dinero que no se está usando más que para la especular y convertir los gráficos de las bolsas en montañas rusas, se pone en circulación y la Generalitat puede hacer frente a unos pagos que, de otra manera, tendría difícil.

Si eso funciona así, no sólo el personal de la administración como nos quieren hacer pensar algunas fuentes, también las empresas proveedoras de bienes y servicios podrán cobrar lo que se les adeuda, lo que les permitirá seguir trabajando y generando riqueza. Si esa riqueza ayuda a reanimar la actividad económica, la administración podrá recuperar la inversión por la vía impositiva y así abonar el capital y los intereses. Estos últimos, por su parte, serán objetos de la deducción correspondiente, con lo que el tipo real que habrá pagado la administración será menor en la práctica que en la teoría.

La alternativa a esto es la práctica hasta ahora habitual. Se pide un préstamo a una entidad financiera que presta el dinero de los particulares (porque no es suyo, evidentemente) y exige a cambio un interés que ni está sujeto a tasas ni revierte en quienes de verdad son propietarios de ese dinero.

Si funcionase así, que nos pidan la financiación directamente a la gente podría ahorrarle dinero a todo el mundo. Justamente el dinero que normalmente acaban embolsándose las entidades financieras esas que han ayudado tanto a que estemos donde estamos y que no dudan en recurrir a los recursos públicos cuando la han liado parda.

Lo malo de esto es que serán esas mismas entidades quienes gestionen todo el proceso, no vaya a ser que se sintiesen amenazadas al no sacar tajada del asunto. Así, podrán acabar cobrando comisiones de los dos bandos y acabar adjudicándose los mismos beneficios sin ni siquiera correr riesgos.

Es exactamente lo que debe estar pasando con los créditos oficiales. Como los bancos y las cajas acaban siendo quienes los gestionan, derivan hacia sus propias líneas de negocio aquello que pueda ser rentable y dejan para el estado lo que difícilmente lo sea, si es que dejan algo. Al final, quienes de veras lo necesitan no tienen financiación y el dinero público no sirve para lo que debería.

Y lo peor es que esto se les haya ocurrido justo cuando están con el agua al cuello y tengan que hacerlo como último recurso. Tal vez estaría bien aprender la lección y concluir que las entidades de ahorro privadas acaban siendo más un obstáculo que una erramienta y que, por lo tanto, más que tender a la privatización de las cajas de ahorro convendría caminar hacia la financiación pública; una forma de gestión del ahorro de las personas cuyo objetivo fuese más el beneficio social que esa artificial rentabilidad financiera que sólo sirve para facilitar las más injustas distribuciones de la riqueza.

Los peligros de la privatización

Cuando gente como yo advertimos de los riesgos de la privatización de los servicios públicos se tiende a desacreditarnos alegando que lo decimos en un acto de corporativismo funcionarial o de rojismo efervescente. No sé si por suerte o por desgracia, la realidad es aún más tozuda que nosotros y viene a reconocer la razón a quien la tiene.

Un informe del Senado de EEUU advierte de que la contratación de seguridad privada en Afganistán por parte del Pentágono ha generado una cascada de subcontrataciones que ha acabado haciendo que los beneficiarios finales pudiesen ser los propios talibanes. Seguramente alguien defenderá que aquí las cosas son diferentes, pero en realidad no lo son tanto y cada vez lo serán menos.

No sé si algún día la seguridad llegará a ser objeto de "externalización" en Europa, pero otros muchos servicios esenciales lo son y lo serán cada vez más dada la última fiebre por disminuir los presupuestos públicos. Si a ello le unimos la moda de prometer reducciones de personal en las administraciones, se eliminará la capacidad para ejercer la tutela de quienes presten tales servicios.

El resultado final es fácil de imaginar: ese dinero que ahora se pide que se ahorre irá a parar a quienes piden tal cosa a cambio de que quien lo necesita no tenga ni el dinero ni el servicio. Seguramente quienes se beneficiarán no serán talibanes, pero sí habremos perdido la batalla contra un peligroso modo de terrorismo global, el terrorismo económico.

El descontrol de los controladores

Saber quién tiene razón (si es que alguien la tiene) en el tema de los controladores (y controladoras, supongo) aéreos basándose en lo que ha trascendido en este último y los anteriores episodios del conflicto abierto entre este colectivo y el estado resulta más que difícil. La razón, de hecho, parece ser lo que menos impera en esa difícil relación laboral que se caracteriza por la presencia de un sindicato corporativo en un colectivo en posición dominante y una administración que, una vez más, demuestra saber hacer cualquier cosa menos gestionar, especialmente cuando se trata de recursos humanos.

No tengo mucha idea de las condiciones laborales de quienes se dedican al control aéreo pero, por lo que ha trascendido, difieren mucho a las de mi cuñada que, por vía de una ETT, está facturando maletas en un aeropuerto. Evidentemente las dos funciones son prácticamente igual de básicas para que el sistema funcione pero facturar maletas lo puede hacer cualquiera y controlar el tráfico no: he ahí la situación dominante.

Y de la diferencia de condiciones se deriva que el colectivo esté representado por un sindicato corporativo. Sólo un sindicato corporativo puede tener la sensación de tanto agravio en el colectivo que, junto con el de pilotos (también representado corporativamente), tiene seguramente las mejores condiciones económicas y laborales del ámbito del transporte aéreo.

De hecho muy posiblemente el propio sindicato de controladores es consciente de la situación en que se encuentran especialmente en la coyuntura económica, social y laboral de este momento y por eso no ha convocado, como en otras ocasiones, una huelga que no habría sido entendida por absolutamente nadie. De hecho niegan incluso estar detrás de unas bajas que, por lo visto, eran de larga duración pero se convirtieron en altas tan pronto como el ministerio de fomento amenazó con usar controladores militares.

De todas maneras, cualquier colectivo tiene derecho a luchar por la mejora continua de sus condiciones de trabajo y, en todo caso, para hacer de contrapunto ya está la patronal. Lo que pasa es que en este caso la patronal no es otra que el estado, en forma de ministerio, de AENA o de lo que convenga, pero la administración a fin de cuentas. Y esa administración, una vez más, acaba solucionando el problema de la forma más cobarde, ineficaz y lamentable posible: privatizando.

Me atrevo a apostar porque la privatización del control de nuestro espacio aéreo no ahorrará ni un euro al estado. Estoy convencido también de que no evitará ni mucho menos los conflictos laborales. Lo único que sí que reducirá, porque así de mal entendido lo tenemos la ciudadanía, serán los quebraderos de cabeza del señor Blanco o quien le suceda, que siempre podrá echar la culpa de todos los males a las empresas concesionarias.

¿Para qué sirve una huelga?

Hoy me voy a permitir dos licencias que no acostumbro a permitirme. La primera explicar una batallita y la segunda entonar algo parecido a la odiosa frase de "ya te lo decía yo" que tan poco me gusta.

Aquí un servidor trabaja en el ayuntamiento de Manresa. Es posible que a estas horas, quienes sigan más o menos las noticias sabrán que existe un importante conflicto social entre el consistorio y su personal del que no voy a entrar en detalles pero sí a usar para ejemplificar el mensaje correspondiente.

El pasado 8 de junio se había convocado una huelga general del sector público por parte de los sindicatos en protesta por el Real Decreto del gobierno que ha acabado recortando los derechos sociales y las inversiones públicas. En los días anteriores, estuvimos celebrando una ronda de asambleas en las que intentábamos concienciar de la importancia del seguimiento de la huelga.

Los argumentos eran múltiples, desde los de fondo (quien siga este blog sabrá a qué me refiero) hasta los de carácter más doméstico. En múltiples ocasiones repetí lo de "si el consistorio ve que no nos movemos ni cuando nos recortan el sueldo, no tardará en tomar medidas aún más drásticas". Debo reconocer que la oratoria tuvo un éxito más bien escaso y que la gran mayoría de la gente se apuntó a las excusas: desde el "no les queremos regalar el dinero que nos quitan por la huelga", hasta "los sindicatos ya no nos representáis porque sois la correa de transmisión del gobierno".

Una semana justa hizo falta para que el gobierno municipal presentase, sin derecho a discusión, su versión del decretazo que multiplica por dos el recorte en los salarios y añade siete despidos. Nada más conocer la noticia, las personas que nos recriminaron nuestra falta de representatividad nos exigieron que tomásemos cartas en el asunto y empezó la fiesta.

Llevamos tres días saliendo en masa por la calle, durmiendo en el ayuntamiento y llenando páginas de periódicos y espacios en el telenoticias. Somos lo más de lo más, pero llegamos tarde. Aún en el caso más optimista de que las medidas adicionales del consistorio se retirasen, algo habrá quedado y no será bueno: nunca, hasta ahora, había visto en el personal tanto desaliento y desafección por la casa a la que dedican las mejores horas de su vida.

Para septiembre está convocada otra huelga, ésta general. Seguramente los argumentos para no hacerla existirán y no serán tan diferentes a los que oímos a principios de junio. Sólo si la experiencia de Manresa le sirve a alguien para entender que las huelgas no se convocan nunca en vano, podré llegar a pensar que el error que cometimos habrá servido de algo.

Algo más que cafés

El señor Díaz Ferran considera acertadas las últimas medidas del gobierno para frenar la crisis. Sin duda, para mí ese es un argumento más para considerarlas un grave error, sobretodo si tenemos en cuenta la ética con la que gestiona el presidente de la CEOE sus propias empresas.

Pero es que el representante de los empresarios, además, pide al ejecutivo que haga más cosas, como privatizarlo todo, por ejemplo. Yo le tomo la palabra y pido más que eso. Yo propongo que eliminemos la administración pública en su totalidad para que así, el estado como tal, no tenga en absoluto ninguna deuda.

Dejémoslo todo a la iniciativa pública y a la ley del mercado. Cada cual que monte el negocio que le plazca donde, como y cuando le plazca. Eliminemos la cargosa seguridad social y que cada quien se espabile con lo que consiga ahorrar. Privaticemos la sanidad, la enseñanza e incluso la seguridad ciudadana. Quien sufra enfermedades que pague por su remedio, quien quiera educación que la costee y quien llame a la policía que se haga cargo de su factura.

Que nadie regule el urbanismo ¿para qué sirve alguien que me diga dónde puedo construir y dónde no? El medio ambiente lo olvidamos también, que no deja de ser un obstáculo para el desarrollo económico. Mira en China, no tienen en cuenta nada de eso y son la economía más pujante.

Además, seamos progresistas: derrivemos las prisiones, que no son más que un símbolo de opresión. En cuanto a los servicios sociales, mejor ni mencionarlos, que no son más que el sustento de todo tipo de vagos y maleantes.

Sí, señor, así sí que evitaremos el déficit público y alcanzaremos el despegue económico definitivo que nos llevará a una sociedad desarrollada, justa y razonable. Y así, de paso, nos libraremos de esa rémora de funcionarios y funcionarias que, según Pablo Motos, ahora tendrán que tomar sólo dos cafés cada mañana en lugar de tres.

¿Qué hay detrás del caso Vic?

Parece ser que el alcalde de Vic (precioso municipio al que le tengo un aprecio especial por motivos personales) ha decidido acatar sin compartir el informe de la abogacía del estado sobre la obligación de los municipios de empadronar inmigrantes en situación irregular. En consecuencia, alguien podría pensar que el tema está zanjado y que, además, ha resultado un duro revés a un arrebato chenófobo. Yo , por mi parte, creo que existen matices.

En primer lugar, los de carácter ideológico. Cuando oí las declaraciones del representante de Plataforma Per Catalunya argumentado que "no todos los inmigrantes son delincuentes, pero la mayoría de delincuentes son inmigrantes", me vino a la mente lo que debían ir diciendo por ahí los seguidores más moderados del partido nacionalsocialista alemán en sus tiempos gloriosos. Son aquellos comentarios que van calando entre la población, que se suman a los cochecitos de bebé que, aunque nadie ha visto, todo el mundo sabe que se les paga a los inmigrantes y que acaban convirtiendo el recelo hacia el inmigrante en una cuestión de sentido común.

De hecho, una medida como la propuesta en Vic habría servido, indudablemente, para confirmar la teoría expuesta. Si se excluye a todos los inmigrantes del padrón y, en consecuencia, del derecho a prestaciones sociales y sanitarias, la única alternativa que les queda es la de sumergirse en la ilegalidad manifiesta y, consecuentemente, al borde del delito si no en él directamente.

Lo que aún no he conseguido interpretar es el mensaje del propio alcalde cuando manifiesta que considera que la medida de no empadronar a los inmigrantes es una medida integradora. A no ser que se refiera a integrar en el sentido matemático del término y, por tanto, en invertir una función, lo que podría acabar devolviendo a la persona inmigrante a su país de origen, no se me ocurre qué puede aportar dicha medida. En cualquier caso, si alguien considera que se ha ganado una batalla a los chenófobos se equivoca y lo demuestra, entre otros, la creación de grupos de Facebook en apoyo al mencionado alcalde.

Pero existe otro matiz muy diferente, uno de carácter práctico. Las administraciones general y autonómica no dudan, con buen criterio, en transferir a las locales gran parte de sus competencias, puesto que su posición más cercana a la ciudadanía facilita su ejercicio. Lo que pasa es que dicha transferencia, en muchas ocasiones, no viene acompañada de la transferencia económica suficiente. De hecho, desde que se anunció la tan sonada crisis, las transferencias de la administración general del estado se han ido reduciendo progresivamente en cada ejercicio.

Ante esta situación, la administración local que batalla a diario con las personas, se encuentra atada de pies y manos y tiene que improvisar medidas que le permitan optimizar los recursos. En esta situación, teniendo en cuenta que al perfil mayoritario de usuario de servicios sociales extranjero se le está sumando cada vez más el nacional y que los cochecitos de bebé siguen rondando el imaginario de los administrados, la tentación de excluir a los inmigrantes de dicha posibilidad es grande.

No quiero, ni mucho menos, justificar a ningún alcalde o alcaldesa que tenga la tentación de negar los más básicos derechos a alguien por su origen, pero pretendo poner de manifiesto que una de las grandes asignaturas pendiente en este estado es la de la financiación de las administraciones públicas. Con el control necesario, sin duda, pero financiación suficiente para que nuestra administración más próxima pueda responder a nuestras necesidades de la manera más apropiada.