La constitución, se supone, es nuestra ley de leyes a la que tiene que someterse toda regulación que se pueda aprobar en nuestro estado. Para garantizar que eso es así, ella misma se dota de un órgano llamado Tribunal Constitucional que se supone que debe ser el garante de que nadie pueda violarla.
Pero si resulta que dicho órgano, en lugar de ser un órgano técnico que delibera sobre aquello que se le somete a discusión, se convierte en un órgano político donde se hacen equilibrios en función de los intereses de los partidos de turno, no es que estemos violando la constitución, es que la estamos prostituyendo.
Tal vez sí que, tal como pide CiU, se debería reformar la ley que regula el órgano, pero no para que no pueda pronunciarse sobre algo, sinó para garantizar que lo hace libremente.
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