Lo bueno y lo malo del bono

A mí no me parece tan mala idea eso de que la Generalitat emita bonos para tener liquidez. En un momento en que la actividad económica es casi nula en gran parte por problemas de financiación, la administración piden a los particulares que parte del dinero que algunos de ellos puedan tener ahorrado en entidades financieras lo inviertan en lo público. Con ello, ese dinero que no se está usando más que para la especular y convertir los gráficos de las bolsas en montañas rusas, se pone en circulación y la Generalitat puede hacer frente a unos pagos que, de otra manera, tendría difícil.

Si eso funciona así, no sólo el personal de la administración como nos quieren hacer pensar algunas fuentes, también las empresas proveedoras de bienes y servicios podrán cobrar lo que se les adeuda, lo que les permitirá seguir trabajando y generando riqueza. Si esa riqueza ayuda a reanimar la actividad económica, la administración podrá recuperar la inversión por la vía impositiva y así abonar el capital y los intereses. Estos últimos, por su parte, serán objetos de la deducción correspondiente, con lo que el tipo real que habrá pagado la administración será menor en la práctica que en la teoría.

La alternativa a esto es la práctica hasta ahora habitual. Se pide un préstamo a una entidad financiera que presta el dinero de los particulares (porque no es suyo, evidentemente) y exige a cambio un interés que ni está sujeto a tasas ni revierte en quienes de verdad son propietarios de ese dinero.

Si funcionase así, que nos pidan la financiación directamente a la gente podría ahorrarle dinero a todo el mundo. Justamente el dinero que normalmente acaban embolsándose las entidades financieras esas que han ayudado tanto a que estemos donde estamos y que no dudan en recurrir a los recursos públicos cuando la han liado parda.

Lo malo de esto es que serán esas mismas entidades quienes gestionen todo el proceso, no vaya a ser que se sintiesen amenazadas al no sacar tajada del asunto. Así, podrán acabar cobrando comisiones de los dos bandos y acabar adjudicándose los mismos beneficios sin ni siquiera correr riesgos.

Es exactamente lo que debe estar pasando con los créditos oficiales. Como los bancos y las cajas acaban siendo quienes los gestionan, derivan hacia sus propias líneas de negocio aquello que pueda ser rentable y dejan para el estado lo que difícilmente lo sea, si es que dejan algo. Al final, quienes de veras lo necesitan no tienen financiación y el dinero público no sirve para lo que debería.

Y lo peor es que esto se les haya ocurrido justo cuando están con el agua al cuello y tengan que hacerlo como último recurso. Tal vez estaría bien aprender la lección y concluir que las entidades de ahorro privadas acaban siendo más un obstáculo que una erramienta y que, por lo tanto, más que tender a la privatización de las cajas de ahorro convendría caminar hacia la financiación pública; una forma de gestión del ahorro de las personas cuyo objetivo fuese más el beneficio social que esa artificial rentabilidad financiera que sólo sirve para facilitar las más injustas distribuciones de la riqueza.