Cuando gente como yo advertimos de los riesgos de la privatización de los servicios públicos se tiende a desacreditarnos alegando que lo decimos en un acto de corporativismo funcionarial o de rojismo efervescente. No sé si por suerte o por desgracia, la realidad es aún más tozuda que nosotros y viene a reconocer la razón a quien la tiene.
Un informe del Senado de EEUU advierte de que la contratación de seguridad privada en Afganistán por parte del Pentágono ha generado una cascada de subcontrataciones que ha acabado haciendo que los beneficiarios finales pudiesen ser los propios talibanes. Seguramente alguien defenderá que aquí las cosas son diferentes, pero en realidad no lo son tanto y cada vez lo serán menos.
No sé si algún día la seguridad llegará a ser objeto de "externalización" en Europa, pero otros muchos servicios esenciales lo son y lo serán cada vez más dada la última fiebre por disminuir los presupuestos públicos. Si a ello le unimos la moda de prometer reducciones de personal en las administraciones, se eliminará la capacidad para ejercer la tutela de quienes presten tales servicios.
El resultado final es fácil de imaginar: ese dinero que ahora se pide que se ahorre irá a parar a quienes piden tal cosa a cambio de que quien lo necesita no tenga ni el dinero ni el servicio. Seguramente quienes se beneficiarán no serán talibanes, pero sí habremos perdido la batalla contra un peligroso modo de terrorismo global, el terrorismo económico.
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