¿Qué hay detrás del caso Vic?

Parece ser que el alcalde de Vic (precioso municipio al que le tengo un aprecio especial por motivos personales) ha decidido acatar sin compartir el informe de la abogacía del estado sobre la obligación de los municipios de empadronar inmigrantes en situación irregular. En consecuencia, alguien podría pensar que el tema está zanjado y que, además, ha resultado un duro revés a un arrebato chenófobo. Yo , por mi parte, creo que existen matices.

En primer lugar, los de carácter ideológico. Cuando oí las declaraciones del representante de Plataforma Per Catalunya argumentado que "no todos los inmigrantes son delincuentes, pero la mayoría de delincuentes son inmigrantes", me vino a la mente lo que debían ir diciendo por ahí los seguidores más moderados del partido nacionalsocialista alemán en sus tiempos gloriosos. Son aquellos comentarios que van calando entre la población, que se suman a los cochecitos de bebé que, aunque nadie ha visto, todo el mundo sabe que se les paga a los inmigrantes y que acaban convirtiendo el recelo hacia el inmigrante en una cuestión de sentido común.

De hecho, una medida como la propuesta en Vic habría servido, indudablemente, para confirmar la teoría expuesta. Si se excluye a todos los inmigrantes del padrón y, en consecuencia, del derecho a prestaciones sociales y sanitarias, la única alternativa que les queda es la de sumergirse en la ilegalidad manifiesta y, consecuentemente, al borde del delito si no en él directamente.

Lo que aún no he conseguido interpretar es el mensaje del propio alcalde cuando manifiesta que considera que la medida de no empadronar a los inmigrantes es una medida integradora. A no ser que se refiera a integrar en el sentido matemático del término y, por tanto, en invertir una función, lo que podría acabar devolviendo a la persona inmigrante a su país de origen, no se me ocurre qué puede aportar dicha medida. En cualquier caso, si alguien considera que se ha ganado una batalla a los chenófobos se equivoca y lo demuestra, entre otros, la creación de grupos de Facebook en apoyo al mencionado alcalde.

Pero existe otro matiz muy diferente, uno de carácter práctico. Las administraciones general y autonómica no dudan, con buen criterio, en transferir a las locales gran parte de sus competencias, puesto que su posición más cercana a la ciudadanía facilita su ejercicio. Lo que pasa es que dicha transferencia, en muchas ocasiones, no viene acompañada de la transferencia económica suficiente. De hecho, desde que se anunció la tan sonada crisis, las transferencias de la administración general del estado se han ido reduciendo progresivamente en cada ejercicio.

Ante esta situación, la administración local que batalla a diario con las personas, se encuentra atada de pies y manos y tiene que improvisar medidas que le permitan optimizar los recursos. En esta situación, teniendo en cuenta que al perfil mayoritario de usuario de servicios sociales extranjero se le está sumando cada vez más el nacional y que los cochecitos de bebé siguen rondando el imaginario de los administrados, la tentación de excluir a los inmigrantes de dicha posibilidad es grande.

No quiero, ni mucho menos, justificar a ningún alcalde o alcaldesa que tenga la tentación de negar los más básicos derechos a alguien por su origen, pero pretendo poner de manifiesto que una de las grandes asignaturas pendiente en este estado es la de la financiación de las administraciones públicas. Con el control necesario, sin duda, pero financiación suficiente para que nuestra administración más próxima pueda responder a nuestras necesidades de la manera más apropiada.