La muerte de catorce personas en Alemania y alguna que otra por el resto de Europa supuestamente por culpa de unos pepinos, bien merece alguna reflexión por mi parte con, posiblemente, una conclusión inesperada.
En España ya hace décadas que aprendimos que estas cuestiones no eran para tomárselas a broma gracias a (o por culpa de) un aceite de colza desnaturalizado. Sería por aquello o por madurez que quienes tuvieron la responsabilidad de legislar impusieron condiciones y sometieron a autorizaciones, controles y registros sanitarios más o menos rígidos a quienes actúan en la cadena alimentaria.
Posteriormente, la entrada en la Unión Europea nos aportó una oleada de mentalidad germánica y se pasó del control administrativo al autocontrol por parte de las empresas productoras y elaboradoras. Sin duda, una idea bastante más madura, aunque no sé si muy acorde con nuestra cultura latina.
Para rematarlo, la Directiva de Servicios apuesta decididamente por suavizar todo tipo de controles y seguimientos previos a la actividad comercial y productiva, reduciendo así las posibilidades de tutela de la administración ante las empresas que, a base de declaraciones responsables, tienen mucha más laxitud a la hora de implantarse y comercializar productos.
Y justo en ese proceso evolutivo de la legislación que afecta a la seguridad alimentaria, unos pepinos contaminados (se supone, porque ya no está tan claro) empiezan a matar gente nada más y nada menos que en Alemania, donde la estrategia política ha sido clara: externalicemos el problema echándole la culpa a las empresas españolas.
La verdad es que para mi reflexión es irrelevante qué hortaliza ha causado el brote letal. Lo importante es que se ha producido y que existen graves dificultades para demostrar su origen y poder aplicar medidas de control. ¿Porqué? ¿No tendrá nada que ver esa tendencia a renunciar al control administrativo para confiar dicha responsabilidad a las propias empresas?
Las decisiones políticas respecto a la liberalización de mercados a base de recortar trámites y de renunciar al control de las actividades tienen mucho más que ver con criterios económicos de carácter neoliberal que con criterios sociales y concretamente sanitarios. Seguro que reducir la fiscalización de la cadena alimentaria por parte de la administración reduce gastos públicos y aumenta los beneficios empresariales.
Cada vez que alguien argumenta la necesidad de adelgazar la administración está defendiendo implícitamente medidas de ese estilo. Quienes profesan el neoliberalismo están encantados con cada grado de control que pierde la administración en favor de la empresa. Pero, en todo caso, quisiera dejar claro a que quien se apunta a esas tesis, entre otras cosas, la seguridad de las personas le importa un pepino.